Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo


CONTRALORÍA SOCIAL

Es un mecanismo de control social, por medio del cual los beneficiarios y beneficiarias de un programa o política pública, participan de manera activa en su seguimiento, evaluación y vigilancia, para asegurar que se cumplan con los objetivos establecidos. Por lo que se entiende entonces, como un mecanismo institucionalizado de participación ciudadana que busca que los ciudadanos (organizados o no) incidan en la esfera pública mediante el control, vigilancia y evaluación de las acciones de los programas de gobierno, principalmente.

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La diferencia en este caso de otros mecanismos de participación donde su foco principal de intervención en el ámbito público está orientado a la planeación, construcción de agendas o ejecución de políticas públicas. Esta forma de incidir de los ciudadanos, puede darse de manera directa y colectiva mediante la conformación de comités encargados de realizar las acciones de vigilancia y control de un programa; o indirecta e individual cuando un ciudadano en lo particular presenta una queja o denuncia ante una irregularidad detectada en las acciones de un programa como producto de su vigilancia.

Lo anterior da como resultado que existan diferentes formas de contraloría social, relacionadas también con el sujeto de control (quién controla); el objeto de control (qué controla); las formas de ejercicio (cómo lo controla); las bases jurídicas que permiten el control; la periodicidad con que se realiza y, finalmente el tipo de información que se genera. Así, el hecho de que la contraloría social tenga una clara y definida función de vigilancia y control de la acción pública permite que sea uno de los mecanismos de participación ciudadana más importantes para inhibir la corrupción, la discrecionalidad, el uso político de los programas públicos y, por tanto, lograr la transparencia y rendición de cuentas constante y directa del quehacer gubernamental.

“La participación activa y continua de los ciudadanos en la vigilancia y control de los programas públicos hacia el apego a la legalidad, permite que la Contraloría Social sirva como medio para que los funcionarios asuman su responsabilidad de acción ante los ciudadanos; es decir, les rindan cuentas.”